Entre las medidas cautelares judiciales de alto impacto se encuentran el congelamiento de hasta 5,915 millones, la incautación de vehículos y propiedades, y el bloqueo de los sitios web utilizados para la venta de los dispositivos ilegales.
Una sofisticada organización criminal especializada en la importación, distribución y venta de dispositivos de IPTV ilegales, conocidos como "TV Box" y "Gatonet", fue desmantelada la mañana del martes 29 de julio de 2025 en una operación conjunta de la Policía Federal (PF) con el apoyo de agentes de Anatel. La red, que movía millones de dólares, operaba con logística transnacional y una compleja estructura de empresas fantasma.
Cuatro agentes de Anatel participaron en la ejecución de órdenes de allanamiento e incautación, incluyendo la incautación de bienes.
La Operación PRAEDO (que en latín significa "pirata" y hace referencia a la piratería digital) movilizó a 38 agentes de la policía federal y ejecutó 12 órdenes de allanamiento e incautación. De estos, ocho se encontraban en Curitiba (PR), tres en Foz do Iguaçu (PR) y uno en Brasilia (DF). Entre las medidas cautelares judiciales de alto impacto se encontraban el congelamiento de hasta US$ 5,915 millones, la incautación de vehículos y propiedades, y el bloqueo de los sitios web utilizados para la venta de los dispositivos ilegales.
Investigación Revela Estructura Criminal y Ganancias Ilícitas
Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de un representante del sector de las telecomunicaciones, quien alertó sobre la venta indebida de dispositivos para la recepción ilegal de televisión. La Policía Federal descubrió que un sitio web responsable de las ventas estaba dirigido por una pareja de Curitiba, que utilizaba empresas fantasma para ocultar sus ganancias ilícitas.
Investigaciones posteriores revelaron la existencia de otra pareja y familiares involucrados, todos trabajando en el mismo sector y facilitando la estructura de ventas a nivel nacional.
Los dispositivos fueron introducidos ilegalmente a Brasil desde la frontera con Paraguay, vía Foz do Iguaçu (PR), a través de contrabandistas. La mercancía ingresó sin el debido pago de impuestos y, al carecer de la autorización de Anatel, su venta fue ilegal, constituyendo un delito de contrabando. La distribución se centralizó en Curitiba y abasteció a consumidores en diversas regiones del país.
La Policía Federal identificó una estructura delictiva organizada, con una clara división de funciones entre importadores, operadores logísticos, intermediarios financieros y comerciantes digitales. Se detectaron transacciones financieras millonarias, que no coincidían con los ingresos declarados de los involucrados.
Solo una de las parejas investigadas presentó pruebas de enriquecimiento ilícito de aproximadamente US$ 896.340, mediante la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y artículos de lujo.
Delitos y Daños al Sector Audiovisual
La investigación apunta a los delitos de contrabando, violación de derechos de autor, actividades clandestinas de telecomunicaciones y crimen organizado. Las órdenes de arresto fueron emitidas por el 9.º Juzgado Federal de Curitiba, que también ordenó el embargo preventivo de bienes y propiedades para garantizar una eventual indemnización al Estado, además del bloqueo de los sitios web utilizados para la venta de los dispositivos ilícitos.
Se están llevando a cabo investigaciones para identificar a otros participantes y mapear con mayor precisión la red de piratería digital. Según los investigadores, el esquema causó daños significativos al sector audiovisual y al orden económico nacional, ya que los dispositivos permitían el acceso no autorizado a contenido de pago de la televisión de pago y los servicios de streaming, sin compensación alguna para los legítimos titulares de los derechos de autor.
Sobre los equipos de telecomunicaciones incautados
Las inspecciones de Anatel resultaron en la identificación e incautación de 140 decodificadores de TV. Con un valor unitario estimado de US$ 161, el valor total incautado en equipos asciende a US$ 22.400. Entre los productos incautados se encuentran televisores UniTV, Red Pro3 y varios modelos BTV, Platinum y Pulse.
Alexandre Freire, responsable de la lucha contra la piratería de la Agencia, afirmó que la Operación PRAEDO refuerza el mensaje claro de Anatel de que los dispositivos no homologados son ilegales y representan riesgos reales. Añadió que, además de alimentar una trama criminal multimillonaria, estos dispositivos exponen a los consumidores a contenido de baja calidad e inseguro. "Nuestro compromiso es proteger a la ciudadanía y garantizar un mercado de telecomunicaciones sólido", afirmó.
La Superintendente de Inspección de Anatel, Gesiléa Fonseca Teles, también destacó que la operación representa un hito importante en la lucha contra la piratería y el mercado ilegal de equipos de telecomunicaciones. Considera que la acción conjunta con la Policía Federal demuestra la eficacia de la sinergia entre estas instituciones para proteger a los consumidores, al sector audiovisual y al orden económico del país.
Productos de telecomunicaciones no homologados
Anatel ha advertido sobre los riesgos asociados a la compra y el uso de productos de telecomunicaciones no homologados, como teléfonos celulares y decodificadores de TV. Estos productos, que no han sido sometidos a las pruebas de seguridad y calidad exigidas por la Agencia, pueden presentar fallas técnicas y de ciberseguridad, como sobrecalentamiento, explosiones y riesgos para la salud del consumidor, además de interferir con las redes de telecomunicaciones. Anatel ha estado trabajando para prevenir la venta de estos productos, incluyendo inspecciones en mercados y centros de distribución, así como campañas de concienciación para el consumidor.
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29.07.25 17:44
